Una cordobesa demanda AstraZeneca

La vacuna contra el COVID del laboratorio Británico-Sueco fue retirada del mercado mundial, siendo Europa los países primarios para luego continuar con el resto del mundo.

Obviamente que la compañía farmacéutica manifestó que la decisión se debe a la baja demanda, sin embargo es casi coincidencia, la demanda colectiva de ciudadanos británicos que son víctimas de efectos secundarios tras la aplicación de la misma.

En nuestro país, la cordobesa Flavia Ochoa, oriunda de la localidad de Cnel. Moldes, se convirtió en la primera argentina en demandar a la compañía, tiene 39 años y accionó judicialmente también contra el Estado nacional.

Según la demanda, que fue presentada en el Juzgado Federal de la ciudad de Río Cuarto, Flavia se colocó la tercera dosis de AstraZeneca, el 4 de enero de 2022. Horas después, sintió fuertes calambres y debilidad en las piernas, síntomas que se los atribuyó a “efectos secundarios” de la vacunación.

Siempre según su relato, en consultas posteriores los médicos adujeron que podría tratarse de una alergia temporal a la vacuna. Le diagnosticaron esteroides y medicamentos para atacar las inflamaciones.

Luego de varios estudios y con la continuidad de la sintomatología, fue diagnosticada con síndrome de Guillain Barré, un trastorno que afecta al sistema nervioso, genera hormigueo en las extremidades y puede derivar en una debilidad muscular y hasta en parálisis.

Ochoa es madre de un niño de 5 años y trabajaba en una panadería. “Ahora hago pocos pasos con andadores. Dependo todo el tiempo de los demás”, le contó a la prensa local, agregando que “yo vivía de mi trabajo. Curarme, no me voy a curarme. Quiero un aval para el tratamiento y vivir”, puntualizó.

Su demanda responde a varios ítems. Pide poco más de 100 millones de pesos por los siguientes conceptos: 7,4 millones (incapacidad sobreviviente); 25,3 millones por el fondo de reparación Ley 27.573; 9,3 millones por pérdida de chances de un proyecto de vida; 7,5 millones por daño moral; 1,5 millón por daño moral de la pareja; 49,5 millones por daño punitivo; 180 mil pesos por daño emergente.

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