Se derogarán más de 3 mil decretos de los gobiernos de facto

En el marco de la Sesión Especial convocada en reafirmación de la democracia y los derechos humanos, el titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, presentó un proyecto de ley que recapitula el trabajo realizado por la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa sobre los decretos aún vigentes y propuso la derogación de 2.045 normas instauradas durante distintos gobiernos de facto desde 1955 a 1983.

Esta labor fue realizada por una Unidad Especial creada en la sesión especial del 24 de marzo de 2022. A lo largo de un año y bajo la coordinación del intendente de González Chávez, Marcelo Santillán, fueron evaluados, en total, 3.217 decretos leyes y ordenanzas generales dictadas durante los periodos 1955-1958, 1932-1963, 1966.1973 y 1976-1983. Dentro de los fundamentos del expediente que expresa la propuesta, se detalló que entre estas normas aún vigentes se encuentran la Ley Orgánica de Municipalidades, el Código Procesal Civil y Comercial, las normas de Procedimiento Administrativo, la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado, la Ley de Ordenamiento territorial y uso de suelo, entre otras.

Del esa enumeración se desprende que la vida de los bonaerenses tiene reglas de convivencia que fueron decretados durante los gobiernos de facto de la segunda mitad del SXX. De allí surge la propuesta del diputado por la séptima sección Walter Abarca, que fue el elegido por su bloque para hacer uso de la palabra al momento de presentar el proyecto. “La Constitución es un pacto de convivencia que establecemos para vivir en comunidad”, dijo en el inicio de su alocución. Con un recorrido por el trabajo de la Unidad de Reparación, el legislador mencionó otros decretos que se conocieron durante el proceso de búsqueda, entre los que se incluye el que creaba una comisión para liquidar los bienes del Partido Peronista.

En el año 1956 salió a la luz el decreto ley 7.565, que establecía por potestad del interventor federal de la provincia “en ejercicio del Poder Legislativo”, la vigencia de la Constitución de 1934, dejando de lado la sancionada en 1949. Abarca explicó que aquella Carta Magna responde a una sociedad distinta a la actual, con un tercio de los habitantes del día de hoy, dónde los términos utilizados eran anacrónicos.

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