La caja negra de «Pajarito»:

El allanamiento a Suárez Mason y los archivos que la casta militar todavía nos debe

Aparecieron. Tuvieron que pasar décadas, muertes impunes y un recambio generacional de jueces para que el olor a naftalina y sangre de la calle Montevideo al 1000 se volviera insoportable para la justicia. El allanamiento a la vivienda de Carlos Guillermo «Pajarito» Suárez Mason, uno de los carniceros más sádicos que parió la bota militar argentina, no es una «novedad policial» más. Es una cachetada de realidad que nos recuerda que el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas sigue más vivo que nunca, custodiado por herederos y viudas que guardan en sus cómodos livings de Recoleta las coordenadas del horror.

El botín de guerra en el living de casa

El operativo, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, no fue una casualidad. Surgió de una declaración testimonial clave que rompió la inercia. Lo que se encontró allí —manuscritos, archivos secretos del Ejército, agendas y documentos de inteligencia— es, técnicamente, evidencia robada al Estado. Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo del Ejército y responsable de centros clandestinos como «El Olimpo», «Club Atlético» y «El Banco», no se llevó esos papeles por nostalgia. Se los llevó como seguro de vida y como herramienta de extorsión.

Desde el análisis técnico, estos documentos representan la «micro-gestión» del genocidio. En la burocracia del terror, nada se hacía sin un remito, sin una orden, sin un informe de inteligencia previo. Que estos archivos estuvieran en un departamento privado y no en los archivos oficiales del Ministerio de Defensa demuestra que la desclasificación de archivos que tanto cacarean los gobiernos es, a menudo, un simulacro frente a la retención ilegal que hacen los propios represores y sus familias. Estamos hablando de documentación de inteligencia militar que debería haber servido para encontrar a los nietos apropiados y los restos de los desaparecidos hace 40 años.

La estructura de la impunidad y el «pacto de caballeros»

¿Quién se beneficia con que estos papeles hayan juntado polvo durante cuarenta años? No solo los militares de bajo rango que hoy caminan entre nosotros como «abuelitos» inofensivos. Se beneficia la estructura corporativa que financió el golpe. Suárez Mason era el nexo directo con la P2 italiana y con los negocios más turbios de la dictadura, incluyendo el desfalco de YPF. Sus archivos no solo contienen nombres de víctimas, sino nombres de cómplices civiles, empresarios que señalaban delegados sindicales y banqueros que lavaban el botín de los secuestros.

El hecho de que estos documentos sigan apareciendo en allanamientos tardíos revela la falla sistémica del Estado argentino: la incapacidad (o falta de voluntad política) de intervenir los domicilios de la jerarquía militar de forma masiva y temprana. El «Pajarito» murió en 2005, pero su sombra proyecta una protección que llega hasta hoy. Esos manuscritos son la prueba de que el Ejército Argentino, como institución, nunca entregó la totalidad de la información. Prefirieron que los secretos se pudrieran en una biblioteca privada antes que someterse al escrutinio de la verdad histórica.

En la era del negacionismo, la verdad es un acto de guerra

No podemos ignorar el contexto político actual. En una Argentina donde desde la cúspide del poder se intenta instalar una teoría de los dos demonios 2.0, donde se cuestiona la cifra de los 30.000 y se reivindica «el orden» de los años de plomo, este allanamiento es un acto de resistencia. Mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel visita genocidas en las cárceles y habla de «memoria completa», los archivos de Suárez Mason aparecen para recordar que la única «completitud» que falta es la que ellos mismos escondieron.

El hallazgo de estos archivos es un insulto a la narrativa oficial del «gobierno de la libertad» que pretende dar vuelta la página sin siquiera haber leído el libro completo. Cada manuscrito de Suárez Mason es un misil contra el negacionismo. Si no hubo un plan sistemático, ¿para qué guardar archivos secretos en un departamento? Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué la familia del mayor represor de Buenos Aires custodiaba estos papeles como si fueran lingotes de oro? La respuesta es simple: porque lo son. Son el capital de la impunidad.

¿Qué queda por desenterrar?

La justicia ahora deberá analizar hoja por hoja. Pero no nos engañemos: el tiempo juega a favor de los verdugos. Muchos de los mencionados en esos archivos ya están bajo tierra o gozan de una demencia senil oportunista. Sin embargo, para el pueblo, para los activistas y para quienes no compramos el discurso de la reconciliación con el genocidio, estos papeles son munición gruesa.

Este operativo debe ser el puntapié para una ofensiva legal que deje de pedir «por favor» que los militares hablen. Hay que entrar a sus casas, hay que revisar sus cajas fuertes, hay que romper el confort de la casta militar que vive de jubilaciones de privilegio mientras guardan en sus cajones el paradero de nuestros muertos. Suárez Mason fue un hijo de puta, sí, pero fue un hijo de puta funcional a un sistema que todavía tiene resortes activos. La barbarie argentina no se terminó con el Juicio a las Juntas; la barbarie sigue ahí, escondida en los folios amarillentos de un departamento en Recoleta, esperando que alguien tenga los huevos de ir a buscarla.

Fuente original: Pagina12