Motosierra sobre las sillas de ruedas:

La justicia le da vía libre al Gobierno para profundizar el desguace de las pensiones por invalidez

No es una «decisión técnica», es un acto de crueldad planificada. La reciente revocación del fallo que ordenaba a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir las pensiones por invalidez dadas de baja es el certificado de defunción para la seguridad social en la Argentina de la «libertad». Mientras en los despachos oficiales se brindan con champagne por el superávit fiscal, en los barrios más postergados de Catamarca y de todo el país, miles de personas con discapacidad se quedan sin el único ingreso que les permitía, apenas, no caer en la indigencia absoluta. La Cámara Federal de Tucumán decidió mirar para otro lado, dándole el revólver cargado a un Ejecutivo que no tiene el más mínimo reparo en ajustar sobre los cuerpos que ya no aguantan más.

El nudo legal: El Decreto 843/2024 como guillotina administrativa

Para entender la magnitud del desastre, hay que salir de la superficie. El «nudo» de esta cuestión no es una simple auditoría, sino un cambio radical en las reglas de juego que el gobierno de Javier Milei impuso a través del Decreto 843/2024. Este decreto resucitó criterios de la era de De la Rúa y los profundizó: ahora, para acceder a una pensión no contributiva, se exige una «incapacidad laboral total y permanente», eliminando la mirada integral que consideraba el contexto socioeconómico del solicitante.

La justicia de Catamarca, en un rapto de humanidad y apego a los tratados internacionales, había frenado esta locura mediante una cautelar, entendiendo que quitar una pensión sin un debido proceso y basándose en criterios restrictivos violaba el derecho a la subsistencia. Sin embargo, la Cámara Federal acaba de revocar esa protección. ¿El argumento? Tecnicismos procesales que esconden una capitulación política. Al revocar el fallo, la justicia habilita a la ANDIS a seguir adelante con su plan de «limpieza», que no busca detectar fraudes (que si los hay, deberían ser juzgados individualmente), sino reducir el gasto público a costa de los que no tienen voz ni lobby en la Casa Rosada. Estamos hablando de una transferencia de recursos brutal: se le quita el pan de la boca a un discapacitado para garantizar el pago de intereses de una deuda que ellos no contrajeron.

Contexto político: El fetiche del «Déficit Cero» sobre el hambre ajeno

¿Quién se beneficia con esto? La respuesta es corta: el triunvirato del ajuste compuesto por Milei, Caputo y Sturzenegger. Para el Ministerio de Economía, cada pensión de invalidez es un «gasto» que ensucia la planilla de Excel. El objetivo es claro: ahorrar miles de millones de pesos mediante la baja masiva de beneficios bajo la narrativa del «curro». Es la misma lógica que aplicaron con los medicamentos de PAMI y con los comedores populares: estigmatizar al beneficiario para justificar el hachazo.

En la Argentina actual, donde la inflación ha pulverizado el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, la quita de una pensión (que ronda apenas el 70% de una jubilación mínima) es una sentencia de muerte social. Mientras el Gobierno reduce Bienes Personales para los más ricos y perdona deudas a las grandes energéticas, persigue con saña a quienes necesitan una prótesis, medicación crónica o simplemente comer. No es una gestión eficiente, es una gestión de la barbarie que utiliza el aparato del Estado para desamparar a sus ciudadanos más frágiles.

La Corte Suprema y el último refugio de la dignidad

Los querellantes ya anunciaron que irán a la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso extraordinario. Pero no seamos ingenuos: el camino judicial es lento y el hambre es urgente. La estrategia del Gobierno es el desgaste. Saben que una persona con discapacidad motriz o intelectual en una zona rural de Catamarca no tiene los recursos ni la energía para litigar contra el Estado nacional durante años. Apuestan a la rendición por agotamiento.

Esta decisión judicial no es un hecho aislado, es parte de un ecosistema de insensibilidad institucional. Si la Corte no interviene con urgencia, el precedente será nefasto: el Ejecutivo tendrá vía libre para ignorar la progresividad de los derechos sociales y retroceder a un modelo de beneficencia discrecional, propio del siglo XIX. La «libertad» de Milei termina donde empieza la necesidad del otro, y en este caso, la libertad es simplemente la libertad de morir en la desidia estatal mientras los timberos de la city festejan el «ordenamiento fiscal». Es hora de decir las cosas por su nombre: esto no es ahorro, es un crimen social ejecutado con firma de funcionario y sello de juzgado.

Fuente original: Pagina12